PRISIONEROS POLÍTICOS: Presidenta del senado entrega nomina de Detenidos durante la revuelta.

por mikal.

INFORME COMPLETO

Valparaíso: El pasado 9° de diciembre del 2021 se entregó información detallada de las personas sujetas a prisión preventiva por hechos ocurridos entre el 18 de octubre del 2019 y el 30 de marzo del 2021.

El documento contempla el detalle de la cantidad de personas detenidas, condenadas y las que se encuentran aun en prisión preventiva.

“Cabe reflexionar acerca de los imputados que se encuentran privados de libertad sin sentencia previa, y no tienen antecedentes penales anteriores. Ellos, en el peor de los casos, si hubiesen sido sometidas a juicio y condenadas, tendrían derecho a cumplir sus condenas mediante aplicación de medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad: remisión condicional de la pena, reclusión nocturna o libertad vigilada según los casos. Y por ese hecho ya podrían haber sido liberadas”

El documento señala que: Durante “la revuelta social iniciada en Chile en octubre del año 2019, aún existen en el país personas recluidos en diferentes centros penitenciarios del país, en calidad de imputados, sujetos a una medida cautelar de prisión preventiva. Debido a ello, la suscrita solicitó información de las personas en dicha condición tanto al Ministerio Público como de la Defensoría Penal Pública, no logrando información consolidada ni actualizada.

Atendido el tiempo transcurrido y los deberes que asisten a todos los poderes del Estado en el respeto y protección de los derechos humanos de toda persona , con fecha 03 de noviembre del presente año 2021, esta Presidenta requirió al Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Christian Alveal Gutiérrez , información de las personas que permanecen recluidas en dependencias carcelarias en cumplimiento de una medida cautelar de prisión preventiva en causas judiciales abiertas en ese período. En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 9 de noviembre dicha Dirección remite la información solicitada al gabinete del Ministro de Justicia señor Hernán Larraín Fernández, quien nos la hace llegar con fecha 29 del mismo mes.

La información entregada se obtiene mediante un análisis exhaustivo de las bases de datos del Servicio Nacional de Gendarmería de Chile en el período que va desde el 18 de octubre del 2019 al día 08 de noviembre del presente año 2021.

Conforme al trabajo realizado por Gendarmería de Chile resulta que, de un total de mil doscientas cincuenta y cinco (1.255) personas judicializadas por causas vinculados a hechos acaecidos durante ese período, doscientas ochenta y dos (282) permanecen actualmente privados de libertad.

Del desglose de las causas judiciales de estas 282 personas, doscientas once (211) se encuentran en prisión por decisiones judiciales adoptadas dentro de un proceso judicial abierto por hechos acaecidos durante la revuelta iniciada el 18 de octubre del 2019, mientras que los setenta y un (71)restantes, en la actualidad estarían privados de libertad por causa diversa, a pesar de que Gendarmería de Chile registra que en su momento cometieron delitos con ocasión del estallido social, procesos en los cuales se habría decretado su libertad.

De las doscientas once (211) personas que se encuentran privadas de libertad, sesenta y siete (67) se encuentran cumpliendo una pena, y ciento cuarenta y cuatro (144) están recluidos en calidad de imputados sujetos a prisión preventiva. De éstas, cerca del 80% carecen de ingresos anteriores al sistema, y sólo 21 de ellos registran experiencia
carcelaria previa.

Respecto de esas 144 personas, Gendarmería de Chile nos ha hecho llegar una valiosa información de identificación de cada una de ellas- nombre completo y Rut- y de individualización de las causas judiciales en cuyo mérito se encuentran en dicha condición.

A partir de la información entregada por Gendarmería, hemos realizado un análisis de datos de los imputados ingresados a los recintos carcelarios en un período aún más acotado, desde el 18 de octubre del 2019 al 30 de marzo del 2021, del cual resulta un total de sesenta y nueve (69) personas privadas de libertad sin una condena previa. A la fecha del presente oficio, la extensión de la prisión preventiva de esas personas es la siguiente:

Nueve se encuentran recluidos desde el año 2019: dos han completado dos años y dos meses recluidos, y siete, llevan dos años y un mes en dicha condición. De esas nueve causas, sólo una se encuentran en etapa de juicio.

Treinta y dos personas están presas sin juicio desde el año 2020: Todas ellas completan más de un año de prisión preventiva de acuerdo con el siguiente detalle:
▪ Dos 1 año y 11 meses
▪ Cinco 1 año y 10 meses
▪ Una 1 año y 9 meses
▪ Dos 1 año y 8 meses
▪ Una 1 año y 6 meses
▪ Una 1 año y 3 meses
▪ Dieciséis,1 año y 2 meses
▪ Tres 1 año y 1 mes
▪ Un 1 año

De las catorce personas presas entre enero y marzo del 2021: dos cumplen 11 meses de reclusión sin una condena previa, otras dos cumplen 10 meses, y diez de ellas completan 9 meses.

Con relación a las imputaciones realizadas a quienes se encuentran recluidos desde el año 2019: Cuatro de esas nueve personas, se encuentran imputadas por atentados y amenazas contra la autoridad tipificado en el artículo 261 N º 1 del Código Penal, sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio o multa de once a quince unidades tributarias mensuales, siempre que la agresión se verifica a mano armada. Entendiendo armas en el sentido amplio al que se refiere el articulo 132 que comprende bajo esta palabra “toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aún cuando no se haya hecho uso de él”.

En el caso de realizarles un juicio a estas cuatro personas, y resultar culpables, el juez tenía la opción de aplicarles una pena pecuniaria o una de privación de libertad, opción que ya no puede hacerse efectiva para estas 4 personas. Y, en caso de resultar probados los cargos y condenados por ellos ya tendrían más de la mitad de la pena máxima, de 3 años y un día, cumplida.

Con relación a las imputaciones realizadas a personas que se encuentran presas sin juicio desde el año 2020: Una de las cinco personas recluidas desde febrero del 2020, que a la fecha lleva 1 año y 11 meses privada de libertad, lo está por imputársele un delito de maltrato de obra de carabineros establecido en los artículos 416 y 416 bis del Código de
Justicia Militar, y no tiene antecedentes penales anteriores. Siendo de público conocimiento que no hubo ningún efectivo de Carabineros fallecido en esos hechos ni heridos de gravedad, de acusársele y condenársele, sólo podría aplicarse la pena del artículo 416 bis N°3º de presidio menor en grado medio a máximo, si le hubiese causado lesiones menos graves, o del N ° 4º, de presidio menor en su grado mínimo si le hubiese ocasionado lesiones leves. En este
último caso, la pena aplicable sería de 61 días a 540 días, y esa persona ya ha estado privada de libertad 695 días.

Otra de las personas recluidas desde febrero del 2020, que a la fecha lleva 1 año y 11 meses de privación de libertad, está imputada por “desordenes públicos, tenencia ilegal armas prohibidas, tenencia o porte de armas, municiones y otros”, pero su ingreso esta categorizado como “atropello a carabinero”, y en las observaciones referidas al contexto de la detención se habla de lanzamiento de bombas molotov. ¿Después de 1 año y 11 meses, el Ministerio Publico no ha podido esclarecer estos hechos?

Cuatro de las personas recluidas desde octubre del 2020, y que consecuentemente han permanecido privadas de libertad sin condena previa, durante 1 año y 2 meses, fueron imputados por delito de desórdenes públicos establecido en el artículo 269 Código Penal sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo, que va desde 61 días a 540 días. En el caso de que fueren en definitiva acusados y condenados por ese delito, debiesen cumplir máximo 540 días de presidio, de modo que estarían a escasos tres meses de cumplir la pena completa, sin haber tenido acceso alguno a penas alternativas de cumplimiento en medio libre, ni beneficios carcelarios,

Todo lo anterior, además, en el entendido que no hubiere lugar a aplicar ninguna atenuante de responsabilidad.

Con relación a las imputaciones realizadas a las 14 personas que se encuentran recluidos entre enero y marzo del 2021: Tres fueron detenidas en Alto Hospicio en marzo del 2021 e imputadas por “otros delitos de la Ley de Control de armas” a propósito del lanzamiento de bombas molotov, y lleva 9 meses privados de libertad.

De las 69 personas que permanecen en prisión sin juicio, por hechos ocurridos entre el 18 de octubre del 2019 al 30 de marzo del 2021, cincuenta y cinco (55) conforme a los datos de Gendarmería no registran “ingresos al sistema interno anterior al día 18.10.2019”. Del tenor literal de dicha expresión entendemos que se trata de personas que no registran ingresos previos al sistema carcelario, esto es, a centros de detenciones preventivas o recintos de cumplimientos de condenas. Ello, no es equivalente a no tener antecedentes penales previos, puede que no los tengan , puede que si y su condena no hay sido privativa de libertad, o que lo haya sido, pero se les benefició con una medida alternativa. Lo que sí indica dicho dato, es que estas 55 personas no se habían visto privados de libertad en un recinto carcelario con
anterioridad.

De todos los datos anteriormente descritos, se desprende la imprescindible necesidad de decretar los cierres de las investigaciones, y, en definitiva, la determinación de los cargos por los que en definitiva se acusará a estas personas, o se les declarará inocentes. Y, como resulta evidente, urge también nuevas revisiones judiciales de las medidas cautelares que se han extendido desde 9 meses y hasta 2 año y 2 meses.

Encontrándose nuestro país en pleno proceso constituyente, motivado precisamente por los movimientos sociales de protesta dentro de cuyo contexto se produjeron estas detenciones, y en medio de un profundo proceso de deslegitimación de las instituciones del Estado, ningún poder del Estado puede obviar situaciones tan delicadas cómo ésta.

Atendido todo lo anteriormente expuesto, a partir del aporte de Gendarmería de Chile, y debido a los deberes de respetar y garantizar los DDHH establecidos en el artículo 5° inciso 2° constitucional, esta Presidencia solicita a usted lo siguiente:

  1. Información detallada acerca de cada una de las 69 causas judiciales, en las que, de
    acuerdo con la información entregada por Gendarmería de Chile, se encuentran personas
    en calidad de imputados sujetos a prisión preventiva por hechos acaecidos durante el 18
    de octubre del 2019 y el 30 de marzo del 2021, en particular:
    A) El estado de las investigaciones con vistas al cierre de estas.
    B) El tiempo de duración de las prisiones preventivas de quienes permanezcan
    en tal condición, a la fecha de corte de su informe.
    C) Las medidas alternativas consideradas en cada caso.
    D) las revisiones de las cautelares realizadas hasta igual fecha
    E) Y los fundamentos concretos que, en cada caso, se han dado para decretar
    y mantener esas medidas.
  2. Adopción de las medidas que, en uso de sus facultades exclusivas, estime
    pertinentes para asegurar el pleno respeto de los derechos que pudiesen estar
    comprometidos, y que, en consecuencia, pudiesen redundar en el compromiso de la
    responsabilidad internacional del Estado.
    Sin otro particular, le saluda atte.


De: XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.
A: DOMINGO SILVA GUNDELACH, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA