Organizaciones denunciantes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, desmienten categóricamente lo comunicado por el Gobierno.

Desmentimos que la Fiscalía de la CPI, haya “desestimado” el requerimiento para investigar los crímenes denunciados. De momento no procederá a abrir un “examen preliminar”, “la presente decisión puede ser reconsiderada a la luz de nuevos hechos o nueva información.” Producto del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza se causaron “varios asesinatos y miles de lesiones a los manifestantes”, “a abusos graves y malos tratos, abusos de índole sexual”, pueden ser considerados “actos subyacentes (delitos bases)” de crímenes de lesa humanidad.

COMUNICADO DE PRENSA


Las organizaciones abajo firmantes, que el pasado mes de abril presentamos
una comunicación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional denunciando
al presidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique, y a otros altas autoridades
políticas, policiales y militares por los graves crímenes cometidos durante el
llamado “estallido social”, deseamos hacer saber a la opinión pública nacional e
internacional lo siguiente:


1.- Desmentimos categóricamente que la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional haya “desestimado” el requerimiento para investigar los crímenes
denunciados. Esta es una información errónea que induce a confusión de la
opinión pública, pues deliberadamente se presenta como una decisión
definitiva que exculparía a los denunciados, lo que está bastante lejos de la
realidad.


2.- En el comunicado que hemos recibido de la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional, se señala que, si bien de momento no procederá a abrir un
“examen preliminar” de la situación planteada, “la presente decisión puede ser
reconsiderada a la luz de nuevos hechos o nueva información.”


3.- En su razonamiento, la Oficina de la Fiscalía tiene por establecidas las
violaciones a los derechos humanos. En efecto, el comunicado indica que de la
información disponible aparece que producto del uso excesivo y
desproporcionado de la fuerza se causaron “varios asesinatos y miles de
lesiones a los manifestantes”, así como “a abusos graves y malos tratos,
incluyendo abusos de índole sexual”, y añade que tales hechos pueden ser
considerados “actos subyacentes (delitos bases)” de crímenes de lesa
humanidad.


4.- La comunicación de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
agrega que:
“Estos actos subyacentes aparecen como habiendo sido cometidos
como parte de un “curso de conducta” contra la población civil, en el
sentido del artículo 7, apartado 2, del Estatuto. A este respecto, los actos
supuestamente cometidos no parecen ser un mero conjunto de actos
aleatorios o incidentes aislados, sino en su lugar, revelan un patrón
consistente de uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de
las fuerzas de seguridad chilenas durante las operaciones antidisturbios,
así como graves abusos contra los manifestantes, reales o percibidos,
mientras permanecían en custodia policial. También se observa que la
comisión de los actos subyacentes fue de naturaleza generalizada, en
términos de su propagación geográfica, intensidad y escala.”



5.- Sin embargo, la Oficina de la Fiscalía decide no abrir, de momento, un
examen preliminar, por dos razones:
(1) A pesar de las críticas y demoras, los tribunales chilenos están
actuando. Textualmente la Fiscalía señala:
“la Oficina ha evaluado que las autoridades chilenas no parecen
estar inactivas en relación con las conductas alegadas, ni hay
evidencia en esta etapa de su falta de voluntad o incapacidad de
llevar adelante los procedimientos e investigaciones relevantes”, y
(2) Con la información disponible en estos momentos, tiene dudas de si
los “actos que forman parte de un ataque dirigido contra la población civil
se cometieron de conformidad con, o en promoción de, una política
estatal u organizada”.


6.- En relación con estas dos razones esgrimidas por la Oficina de la Fiscalía
de la Corte Penal Internacional, las organizaciones denunciantes señalamos:
(1) Aportaremos próximamente nuevos antecedentes destinados a
acreditar que la violencia contra los manifestantes fue organizada y
obedeció a una política estatal, y que fue deliberadamente dirigida o bien
tolerada por los denunciados.
(2) Nos mantendremos vigilantes respecto del curso de las
investigaciones que se siguen en Chile, en términos de determinar si
existe una falta de voluntad real o incapacidad de investigar, enjuiciar y
sancionar a todos los responsables de las violaciones a los derechos
humanos cometidas, incluyendo quienes detentaron los más altos
cargos políticos, policiales y militares.


7.- Los denunciantes hacemos un llamado a la justicia chilena para que actúe
con determinación, para que investigue a cabalidad, juzgue y sancione a todos
los responsables. En caso de que renuncie a ello y sea condescendiente con el
poder político, policial o militar, la vía internacional continuará abierta, pues la
decisión de la Oficina de la Fiscalía es siempre revisable con nuevos hechos e
informaciones que surjan según el curso de los acontecimientos.


8.- En el Día Internacional de los Derechos Humanos, recordamos que los
crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y su persecución penal,
irrenunciable. No permitiremos que haya impunidad, pues la normalización del
crimen sólo conduce a la repetición de estas graves conductas sancionadas
por la normativa internacional de derechos humanos.

Comisión Chilena de Derechos Humanos
Fundación Internacional Baltasar Garzón
Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED)
Asociación Americana de Juristas

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