Deuda Histórica | CHILE ES RESPONSABLE POR NO CUMPLIR PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL A 846 DOCENTES.

“La Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Chile, entre ellas, que deberá pagar directamente a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales”.

El Estado es responsable por no cumplir con debida diligencia sentencias que reconocían pago de asignación especial a 846 docentes.

San José, Costa Rica, 21 de diciembre de 2021.- En la Sentencia del Caso Profesores de Chañaral y
otras Municipalidades Vs. Chile, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos
en perjuicio de 846 profesores y profesoras de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue,
Parral, Vallenar y Cauquenes.


En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a
las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de las personas docentes, así como del
deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.

El caso se origina en el contexto de la dictadura militar en Chile, cuando la administración de la
educación pública fue traspasada desde el nivel central a las Municipalidades del país. Esta
municipalización implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se
regirían por las normas aplicables al sector privado.


Por medio del artículo 40 del Decreto Ley No. 3.551, se creó una asignación especial no imponible
para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública, a contar del 1 de enero
de 1981. No obstante, los profesores y profesoras que fueron transferidos del Estado central a las
Municipalidades, no recibieron esta asignación, dando así origen a la denominada “deuda histórica”
del Magisterio. Sin embargo, la situación fue desigual, ya que algunas personas docentes continuaron
recibiendo esta asignación luego de su traspaso a las Municipalidades, gracias a convenios con las
mismas Municipalidades o al reconocimiento de que estas sumas formaban parte de su
remuneración.


Fue a partir de 1990, que los profesores y profesoras pudieron iniciar demandas judiciales para el
pago de esta asignación. En el marco de trece procesos entablados contra las Municipalidades de
Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, se dictaron sentencias en firme que
reconocían el pago de la asignación especial a las 846 personas docentes víctimas en este caso.

En particular, la Corte consideró que los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en firme
en favor de los 846 profesores y profesoras que condenaban a las Municipalidades al pago de una
asignación especial, resultaron irregulares e ineficaces. Asimismo, tomando en cuenta que las
víctimas son todas personas mayores de 60 años y que un quinto de entre ellas falleció, esperando
por más de 25 años la ejecución de estos fallos, el Tribunal consideró que el Estado desconoció su
deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores
y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Chile,
entre ellas, que deberá pagar directamente a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las
sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de
un año de notificada la Sentencia.

La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito
(Presidenta); Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Vicepresidente); Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Poisot; Juez Humberto Antonio Sierra Porto; Juez Eugenio Raúl Zaffaroni; y Juez Ricardo Pérez
Manrique.
El Juez Eduardo Vio Grossi no participó del conocimiento ni deliberación de esta sentencia por ser de
nacionalidad chilena, conforme al artículo 19 del Reglamento de la Corte IDH.

¿Que es la deuda histórica?

La Deuda Histórica de los profesores se originó por el incumplimiento de la Ley Nº 3.551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una ‘asignación especial’ no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.

Como resultado de la municipalización impuesta a partir del año 1981, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores.

Esta situación ha llevado a maestros a lo largo de todo Chile a recurrir a los Tribunales de Justicia, con el propósito de demandar al Estado una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste salarial.

A fines del 2008 la Ministra de Educación, El Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia dan el vamos a la Comisión Deudas Históricas de la Cámara de Diputados, reconociendo la existencia de la Deuda Histórica con los profesores y comprometiéndose a buscar una solución.

Tras años de lucha gremial, en agosto del 2009, el Parlamento aprobó por unanimidad la propuesta de solución elaborada por la Comisión Deudas Históricas.