Formalizan a 5 carabineros, por disparar -en dos ocasiones- a persona con un 85% de discapacidad auditiva. La victima se transportaba en su vehículo particular (con la Cruz de Malta, visible)

por Mikal

Bernadino Becerra (49) estuvo un mes hospitalizado en el Hospital San Juan de Dios, luego de ser baleado por Carabineros la noche del 21 de octubre de 2019 en Padre Hurtado, pese a que portaba la Cruz de Malta – es sordo desde los 23 años producto de un resfriado mal cuidado- en el vehículo en que transitaba. El hecho le significó una profunda crisis interna, financiera, y también el temor de perder una de sus extremidades. La investigación sigue en curso y aún no se identifican culpables. A casi un año del suceso, Bernardino trabaja para reconstruir lo que esos disparos le quitaron: su trabajo, su pasión por las motos y el amor de su pareja.

El funcionario autor de los disparos quedó con cautelar de prisión preventiva en recinto institucional en Pudahuel Sur,

La Audiencia de Control de Detención, se llevó a cabo hoy 30 de junio de 2021 ante el Juzgado de Garantía de Talagante. La Sede Regional Metropolitana del INDH, en su calidad de querellante estuvo presente en la audiencia, donde el Tribunal tuvo por acreditada la gravedad de los hechos, la existencia del delito y la participación de los imputados en los mismos.

Los hechos ocurrieron el día 21 de octubre de 2019, alrededor de las 21:00 horas, en el contexto del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno de Chile, cuando la víctima de iniciales Bernardino Becerra (que posee un 85% de discapacidad auditiva) se dirigía junto a un amigo a su domicilio en su vehículo particular, en la comuna de Padre Hurtado. Pero al observar fogatas y barricadas en las calles, decidió ir a casa de su pareja por la calle Brasilia. En ese contexto, un funcionario de Carabineros le dispara dos veces, primero en el estómago y luego en el brazo derecho. Pese a sus heridas, pudo hasta el domicilio de su polola, en donde perdió el conocimiento, despertando en el Hospital San Juan De Dios.

“Hubo momentos en que solo quería morir. Me dolía el cuerpo, las heridas estaban  abiertas y no sanaban. Me dejaron con sicólogo porque quedé mal, despertaba gritando en la noche y tenía pesadillas, veía todo mal. El taller que tenía lo tuve que cerrar porque me lo pidieron ya que no podía pagarlo; quedé sin trabajo. La relación con mi polola empezó a deteriorarse, dejé de ser el mismo con ella. Me obligaban a ir con la fiscal, con la psicóloga, en fin… colapsé y no quería saber nada… hasta mediados de septiembre, casi un año después”.

La Fiscalía formalizó a los imputados en calidad de autores del delito de apremios ilegítimos (artículo 150 letra D en relación al artículo 150 Letra E N°1) y como autores del delito de falsificación de instrumento público (en lo que respecta al art. 193 N° 4 y 5° del Código Penal), todos en carácter de consumado.

El juez del Tribunal, Christian Cáceres, para resolver en cuanto a medidas cautelares, hizo una distinción en función de la necesidad de cautela, por tanto decretó para tres de los imputados, las medidas de firma mensual, arraigo nacional, prohibición de acercarse al lugar de la ocurrencia de los hechos y prohibición de acercamiento a víctima, entendiéndose victima a la persona misma que sufre la agresión y los familiares de este, por estimar que no son un peligro para la seguridad de la sociedad.

Para el Mayor de iniciales J.P.H.A., (no se entrega identidad) por ser un superior jerárquico, y por tener una posición distinta tendiente a evitar que este hecho sucediera, se decreta arresto domiciliario total y además otras medidas cautelares personales entre las cuales está la prohibición de tener su arma de servicio.


Respecto del carabinero, que percuta el disparo, de iniciales M.A.T.A., (no se entrega identidad) el juez tomó en consideración que hubo dolo directo y por tanto consideró que la necesidad de cautela era mayor, por lo que decretó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual se cumpliría en Santiago 1, objetado por la defensa, quien solicito su cumplimiento en Pudahuel Sur, quedando finalmente a los criterios que corresponden en estos casos a Gendarmería de Chile.
Respecto del plazo de investigación, se dispuso un término de 120 días.

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