[PodCast] Francisco Bustos, Abogado de DDHH. Conversamos sobre el beneficio de reclusión domiciliaria total, otorgado, al exfiscal Torres Silva, CRIMINAL condenado en dos causas por violaciones a los DDHH

El cambio de medida, sustituye el saldo de la pena, por reclusión domiciliaria total.

El juez Alejandro Madrid tomó dicha determinación por razones humanitarias, por lo que Fernando Torres Silva cumplirá el resto de su condena en casa.

El ministro en visita extraordinario en causas de derechos humanos, Alejandro Madrid, concedió el beneficio de reclusión domiciliaria total a Fernando Torres Silva, auditor general en retiro del Ejército, condenado a cumplir 10 años y un día en Punta Peuco por el homicidio calificado de Eugenio Berríos Sagredo.

Dicha medida obedece al diagnóstico médico de Torres Silva: padece cáncer prostático metastásico, con múltiples complicaciones locales, óseas y hematológicas, en estado terminal, y su estado es “gravísimo e irreversible”.

Para el abogado Francisco Bustos: “Fernado Torres Silva, él es infame (…) el participó en encubrimientos de diversos crímenes”

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PodCast Francisco Bustos, Abogado especializado en Derechos Humanos. Profesor de Derecho Penal

¿¿Quién es el exfiscal militar Fernando Torres Silva

Al momento de interrogar a dos funcionarios de la Vicaría, Fernando Torres ponía su arma de fuego sobre la mesa y decía: “Usted sabe que yo tengo el poder de meterlo preso o dejarlo libre”

En varias oportunidades, el exfiscal militar fue denunciado por detenidos a los cuales les ofrecía trabajo en la CNI a cambio de información.

Torres egresó en 1965, pero vino a titularse recién en 1974 –un año después del Golpe de Estado-, con una memoria sobre “la jerarquía militar”, después de haber ingresado ya al aparato de justicia del Ejército y con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile intervenida. Una de sus primeras tareas en esa repartición fue participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del 11 de septiembre. Luego, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación en el Edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta de Gobierno.

En 1986, su nombre comenzó a sonar en los medios, cuando fue designado, con el grado de mayor, para investigar el asalto a la Panadería Lautaro, ocurrido el 28 de abril de ese año. Inmediatamente después, fue ascendido a coronel. En octubre siguiente, tras el atentado a Pinochet, fue nombrado “fiscal ad hoc” para ese caso, las armas de Carrizal –cuya internación ilegal había sido descubierta dos meses antes- y cualquier otro proceso en que estuviera involucrado el FPMR.

Los detenidos bajo sus órdenes denunciaron haber sufrido las más aberrantes torturas en cuarteles de la CNI. Uno de los líderes del FPMR, Sergio Buschmann, el encargado de la logística de la internación de armas de Carrizal Bajo, aseguró haber sido torturado en presencia del propio fiscal. Sin embargo, Torres lo negó.

Reconstitución de escena asalto Panadería Lautaro.
Archivo La Nacion. Universidad Diego Portales.

En 1986 Fernando Torres Silva era fiscal castrense desde hacía solo un año. Pero era una estrella en ascenso en el firmamento del régimen y en los meses siguientes se convertiría en uno de sus rostros más duros y mediáticos. Gracias a la confianza de Augusto Pinochet, de quien era asesor legal, el llamado “fiscal ad-hoc” acabaría por acumular todas las causas contra el FPMR, especialmente luego del atentado al gobernante, que ocurriría en septiembre de ese año.

“Torres Silva era muy bravucón, pero técnicamente muy torpe

“Torres Silva era muy bravucón, pero técnicamente muy torpe”, recuerda el médico Ramiro Olivares, quien por su labor en la Vicaría manejaba bien el lenguaje jurídico. “Tenía una actitud de hablar fuerte, de que nos iba a pudrir en la cárcel. Sobre la Vicaría quería saber cómo era su organización y funcionamiento, la forma en que estaba estructurada”. Según el facultativo, una de sus técnicas de ablandamiento eran las largas esperas, incluso de cinco horas, antes de cada interrogatorio. “Siempre nos interrogó de civil, un par de veces muy tarde, con un hálito alcohólico impresionante”. señalo el medico y funcionario de la exVicaria de la solidad.

El Ejército lo dotó de recursos jamás vistos. Torres creó una megaoficina, con abogados que hizo trasladar desde diversas dependencias militares, en comisión de servicio. El mayor Francisco Baguetti lo ayudaba en el caso del atentado; el capitán Ricardo Latorre, en el de la Panadería Lautaro y el de los arsenales; Carlos Troncoso, en el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño. Su acción hipertrofiada la empezó a granjear enemigos dentro de la propia justicia militar. Por ejemplo, el personal de Concepción resintió que se hubiera apropiado del caso por el asalto al retén policial de Los Queñes –acción realizada en octubre de 1988 por el FPMR Autónomo y que daba inicio a su llamada Guerra Patriótica Nacional-, porque estaba en la jurisdicción penquista y no en la capitalina.

El fiscal Torres en la investigación del atentado perpetrado por el FPMR contra Pinochet.
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Son numerosas las denuncias de los prisioneros de aquella época que señalan que no lograban diferenciar entre los recintos de la policía secreta y la fiscalía. Sus penurias se agravaban por las largas incomunicaciones que sufrían los presos, de hasta por 40 días, período en el cual estaban a completa merced de los agentes del CNI.

El caso más dramático fue el de Karin Eitel, procesada por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, ocurrido en septiembre de 1987. La joven apareció en las pantallas de Televisión Nacional confesando su participación en el plagio, con evidentes muestras de haber sido sometida a torturas.

Karin Eitel

Al menos dos intentos de atentado hubo en su contra. El primero ocurrió en mayo de 1987, cuando la organización armada envío a la fiscalía un paquete con explosivo T-4, que fue descubierto antes de estallar. En mayo de 1988, dos frentistas en moto intentaron adosar una bomba magnética en el techo de su auto. El artefacto resbaló y cayó al piso sin explotar.

En marzo de 1987, Anthony Gifford, del Comité de Derechos Humanos del Parlamento británico, investigó denuncias en contra del fiscal y relató que se consignaron incomunicaciones de hasta por 40 días y que los ayudantes del oficial se jactaban de que el jefe era “todopoderoso”. “Hace frecuentes declaraciones a la prensa declarando la culpabilidad de quienes investiga. Impone incomunicaciones a quienes no colaboran con él. Da instrucciones a autoridades carcelarias para que restrinjan las visitas, y distribuye a los presos políticos en alas peligrosas donde, se teme, puedan ser atacados”, reveló. Se sumaban quejas por encargatorias de reo sin presunciones fundadas y allanamientos ilegales.

Las protestas contra las actitudes del fiscal ad hoc llegaron hasta las Naciones Unidas.

En diciembre de 1987, el relator especial para Chile en materia de derechos humanos, Fernando Volio, afirmó que los “procesos hipertrofiados que atiende el fiscal Torres son contrarios al debido proceso legal y, por tanto, se apartan o desvían de lo normal en perjuicio de los derechos de los procesados y quienes los defienden”. Y agregó: “Torres se ha convertido en un fiscalizador con potestades que exceden toda norma civilizada para investigar casos que se someten a su conocimiento (…) Es una justicia aberrante la que él hace”.

Como favorito de Pinochet, Torres Silva contó con recursos humanos y financieros jamás visto por otro fiscal militar.

Tras la muerte de Pinochet en 2007, Torres fue procesado como integrante de la “asociación ilícita” que, según el magistrado Alejandro Madrid, se creó para sacar de Chile al químico de la DINA Eugenio Berrio a fines de 1991, y así evitar su comparecencia ante la justicia para que declarara en el caso por homicidio de Orlando Letelier, que había sido reabierto y entregado al ministro Adolfo Bañados. Un año después, Berríos fue asesinado en Uruguay cuando intentó escapar de sus protectores. Torres estuvo recluido más de un mes en un recinto militar, antes de que se le concediera la libertad bajo fianza.

En 2013, la Corte de Apelaciones aumentó las condenas en este caso, subiendo la de Torres a 10 años y un día.

La Corte de Apelaciones aumentó las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992 en Uruguay.


En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Madrid, y aumentaron los períodos de presidio.


Así el mayor del Ejército (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita. Este sujeto era el jefe de los escoltas de Augusto Pinochet.


El ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange, también encargado de la seguridad del dictador, recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10 años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia, mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

Torres Silva, el fiscal favorito de Pinochet