Piñera enfrenta denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional (CPI) es un órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra

Sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya. La Corte Penal Internacional (CPI), llamada también Tribunal Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

La CPI no forma parte de la ONU. La Corte fue establecida por medio de un tratado negociado dentro del sistema de la ONU. El tratado dio origen a un órgano judicial independiente.

Cuando hablamos de los crímenes más graves de trascendencia internacional, de inmediato se nos vienen a la cabeza actos criminales como el genocidio o los crímenes de guerra. La mayoría de Estados suelen tener tipificados estos delitos, como es el caso de España, que recoge el genocidio en el artículo 607 del Código Penal o los crímenes de lesa humanidad en su artículo 607 bis del Código Penal.

Sin embargo, existen situaciones en las que estos crímenes no son enjuiciados, o por la imposibilidad material del Estado que tendría competencia, o por la inactividad del mismo. Para estos casos existe la Corte Penal Internacional, siendo un tribunal permanente cuyo objetivo es frenar la impunidad de los crímenes más graves.

La Corte Penal Internacional nace del Estatuto de Roma, un tratado internacional creado por iniciativa de la Organización de Naciones Unidas el 17 de julio de 1998. Este tratado entró en vigor el 1 de julio de 2002, tras su ratificación por 60 países. En la actualidad, son más de 120 países los que lo han ratificado, sometiéndose por tanto a su competencia.

Tras la experiencia de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda o la ExYugoslavia, nace un Tribunal con vocación de permanencia. Casi 18 años de vigencia de la Corte han dado lugar a varias condenas y resarcimiento de víctimas, que ven concluidos episodios muy traumáticos de su vida.

¿Cómo está conformada la corté Penal Internacional?

Está compuesto por representantes de los Estados que han ratificado y adherido al Estatuto de Roma. Por principio de independencia de la Corte, y para garantizar su imparcialidad política, la Asamblea de los Estados Partes no es un órgano de la CPI.

Los Estados Partes en el presente Estatuto. Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento.


Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.

Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la
prevención de nuevos crímenes.


Es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,
Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.


Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente Estatuto deberá
entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de
conflicto armado o en los asuntos internos de otro Estado.”

Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad

  1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad”
    cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o
    sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
    a) Asesinato;
    b) Exterminio;
    c) Esclavitud;
    d) Deportación o traslado forzoso de población;
    e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas
    fundamentales de derecho internacional;
    f) Tortura;
    g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
    esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
    h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
    políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u
    otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional,
    en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la
    competencia de la Corte;
    i) Desaparición forzada de personas;
    j) El crimen de apartheid;
    k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
    sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
  2. A los efectos del párrafo 1:
    a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que
    implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de
    conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para
    promover esa política;
    b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida,
    entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la
    destrucción de parte de una población;
    c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad
    sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de
    personas, en particular mujeres y niños;
    d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento
    forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén
    legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;
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    e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya
    sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin
    embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de
    sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
    f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la
    que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de
    una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se
    entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
    g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos
    fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de
    la colectividad;
    h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar
    a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de
    opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la
    intención de mantener ese régimen;
    i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o
    el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o
    aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la
    suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por
    un período prolongado.
  3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “género” se refiere
    a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no
    tendrá más acepción que la que antecede.

COMUNICADO:

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, representada por su presidente, Carlos
Margotta Trincado, la Fundación Internacional Baltasar Garzón – FIBGAR, representada por
su Presidente, Baltasar Garzón, en conjunto con el Centro di ricerca ed elaborazione per la
democrazia (CRED), representado por Fabio Marcelli y la Asociación Americana de Juristas
(AAJ), representada por Vanessa Ramos, comunican que hoy, 29 de abril, presentamos una
Comunicación (Denuncia) ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), para que
inicie una investigación en contra el Presidente de Chile Sebastián Piñera Echenique y
otras autoridades políticas y policiales, por su participación en la comisión de Crímenes de
Lesa Humanidad, ocurridos en nuestro país durante el período que se inicia en el mes de
octubre de 2019 y hasta la fecha, ilícitos que se encuentran descritos y sancionados en el
Estatuto de Roma.


Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares,
la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de
hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación
de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.


En efecto, los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y
pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes
estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de
una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas
de ellas constitutivas de Crímenes de Lesa Humanidad, no pueden quedar en la impunidad,
según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile,
como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del
año 2009.


Hemos tenido especialmente en cuenta, el grave incumplimiento del gobierno a las recomendaciones que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), formuló en el mes de diciembre de 2019, al constatar que las políticas represivas ordenadas y consentidas por el Presidente de la República, e implementadas por los Generales Directores de Carabineros de Chile y sus altos mandos; los ministros del Interior y Seguridad Pública; ministros de Defensa, y subsecretarios respectivos, continúan sistemáticamente dañando gravemente a la población civil, a los habitantes de los sectores más vulnerados, así como a los habitantes del histórico territorio Wallmapu (territorio habitado por el pueblo mapuche), encontrándose demostrado que los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado, desde el mes de octubre de 2019 al mes de abril de 2021, han persistido mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos Humanos.


A su vez, hemos tenido especialmente presente, la asimétrica respuesta de los Tribunales de Justicia de Chile, que se ha expresado en imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde Octubre de 2019 a la fecha. Asimismo, hemos considerado la omisión que ha hecho el Ministerio Público de su deber constitucional y legal de investigar, al disponer el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso
de las víctimas al derecho a la Justicia.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional /Actualizado

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, actualizado a la inclusión del crimen de agresión.