DECLARACIÓN PÚBLICA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DDHH.

por Asociación Nacional de Defensoras y defensores de Derechos Humanos

Un número no menor de quienes hoy están privados de libertad lo están, a propósito de la crisis social, política, económica sanitaria y de autoridad que actualmente vivencia el país y sus instituciones. En este sentido, entendemos que cuando una crisis de autoridad tiene lugar, la situación inmediata se vuelve delicada y peligrosa, porque el campo queda abierto a soluciones de fuerza , como las que vemos hoy, el encarcelamiento como herramienta de control y castigo a quienes disienten del orden establecido por la hegemonía que nos gobierna. Por un lado, la clase dirigente ha fracasado, el Gobierno cuenta desde hace meses, con solo un 7% de apoyo a su gestión -y por otro, la masa de la sociedad – que, con los años de abuso y despojo de derechos sociales, que hoy son bienes de consumo transables en el mercado – se ha transformado en masa crítica, y ha pasado de la pasividad política a demandar y reivindicar condiciones de vida dignas.

foto Piensa Prensa

El derecho a la protesta social es un derecho humano consagrado en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano, que el Estado de Chile ha ratificado y se ha obligado a cumplir. A partir del 18 de octubre de 2019, miles de personas a lo largo del territorio nacional, comenzaron a manifestarse como método de acción política ante el descontento social, que por años ha llevado a una precarización de la vida, cuyo reflejo se hace evidente en la falta de garantía de una serie de derechos sociales, culturales, y ambientales, principalmente, por parte del Estado. Algunas de estas personas, fueron detenidas por agentes del Estado, mientras ejercían este derecho y permanecen hasta hoy, encerradas en diversos recintos penitenciarios del país, en el marco de medidas cautelares privativas de libertad.

Foto @lexisfotografo (Ig)

El recién pasado martes 5 de enero, el Poder Judicial señaló que solo 26 personas—al 11 de diciembre del 2020— permanecen en prisión preventiva por causas relacionadas al estallido social, y que es tarea de los Tribunales de Justicia determinar si estas personas en prisión preventiva son o no “Presos/as Políticos/as”.

Ante dicha afirmación, nos preguntamos ¿cuándo puede considerarse que una persona es un/a preso/a político/a? ¿quién puede calificarla como tal? Pues bien, para definir “prisión política” hay que partir señalando que dicho concepto, no es meramente una definición legal, debe considerarse
un espectro más amplio que implica aspectos políticos, sociales y en nuestro país, inclusive factores históricos.

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En el informe de la Comisión Nacional sobre Política y Tortura (Valech I) se sostiene que existiría una motivación política en la privación de libertad cuando tal motivación política estaba presente en los agentes del Estado que las motivaron o realizaron. Asimismo, que la motivación política no siempre es evidente y que la actividad represiva siempre busca respaldo en la supuesta defensa de la seguridad del Estado, del orden público, de la lucha contra el terrorismo, entre otros.

El mismo informe da cuenta, de algunos puntos fundamentales, para considerar en la búsqueda de tal definición. Dos de ellos en particular para este caso:

La aplicación de normas jurídicas de mayor rigor en el juzgamiento de hechos, impuestas en forma arbitraria o con claros fines de represión política [….] El juzgamiento de hechos bajo estas condiciones o en virtud de normas especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado, contiene claramente una motivación política. Es necesario recordar que a partir de la tarde-noche del 18O, el Ministerio del Interior determinó aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado invocada por el Ministro de Interior de entonces, Andrés Chadwick, en respuesta a las masivas manifestaciones realizadas a lo largo del país. En este sentido, se cumple el hecho de realizar juzgamientos bajo normas especiales decretadas con fines claros de represión política, lo que da pie a abrazar la tesis de considerar a las personas detenidas en este periodo -por hechos ligados a manifestación claro está- como presos/as políticos/as.

También existe motivación política, consigna el informe, en la detención y juzgamiento de delitos que constituyen hechos delictivos sancionados por cualquier legislación ordinaria de un país, que fueron cometidos con la intención de derrocar al régimen o impulsar cambios políticos. Si bien en estos casos la privación de libertad no es ilegítima per se, debe velarse por el cumplimiento de garantías del debido proceso en el juzgamiento de los hechos y porque no se apliquen torturas a los imputados.

foto Piensa Prensa

En relación a esta específica mención al Informe Valech I, actualmente representantes del Poder Judicial, han puesto en duda la metodología que las Organizaciones de la Sociedad Civil habrían utilizado para sostener la existencia de una cantidad de cerca de 800 presos y presas políticas,
afirmando en sentido opuesto, que dicha cantidad de personas presas lo estaría por delitos comunes. Lo dicho, es desconocer el rol que históricamente ha cumplido el derecho en general, y la ley en particular, para efectos de justificar con tipos penales, la privación de libertad, cuando la conducta que realmente se busca sancionar, y erradicar, es la manifestación con fines políticos, que interpela a una autoridad en términos analíticos y críticos en relación al actual sistema económico,
social y político.

Nos preguntamos así, ¿Qué ocurre hoy, en medio de una crisis sanitaria mundial, con las garantías constitucionales del Debido Proceso? Presos y presas de la revuelta social, llevan más del límite legal consagrado en el Código Procesal Penal en prisión preventiva, violando el sistema judicial de
responsabilidad penal, los límites de plazos consagrados legalmente para que una persona pueda estar privada de libertad en el contexto de una investigación judicial. Nos preguntamos ¿qué ocurre con el principio de presunción de inocencia? que, consagrado constitucionalmente, protege a toda persona que, acusada de haber cometido un delito, mientras no se pruebe su culpabilidad, debe ser tratada como inocente. Qué ocurre con el principio consagrado en el derecho Internacional de los Derechos Humanos, que basándose en lo perjudicial que resulta el encierro para cualquier ser humano, obliga a los Estados a utilizar las medidas privativas de libertad, como último recurso.

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Por ello, es intolerable que por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha; también es inaceptable que por motivos políticos, se produzcan detenciones de manera discriminatoria en comparación con otras personas; o que existan detenciones que sean el resultado de procedimientos irregulares y que esto parezca estar conectado con motivos políticos de las autoridades.

Como ANDEDH, hacemos propia la causa y la movilización que hasta hoy mantienen las familias de presos y presas políticas en democracia, las organizaciones de la sociedad civil que con pandemia y crisis económica mediante no han claudicado en sus luchas y convicciones y hacemos un llamado a las autoridades de Estado a respetar la normativa nacional e internacional que prohíbe y sanciona la prisión política.