Corte de apelaciones rechaza recurso de protección interpuesto por el el Tte. coronel Claudio Crespo en contra de medio independiente Piensa Prensa

Cabe hacer notar, como se informó por el señor abogado Tomás Ramírez, en estrados ante esta Corte, que el Sr. Crespo, se encuentra formalizado y en prisión preventiva por estos mismos hechos.

Mikál- editor del medio Piensa Prensa señala: “Nuestros registros audiovisuales realizados el 8 de noviembre del año 2019, identificaron al funcionario de Carabineros, el teniente coronel don Claudio Crespo, portando escopeta antidisturbios, sin embargo en el informe de la Institución policial, al que hacen referencia los medios Interferencia y La Tercera, (informe que tenemos en nuestro poder) no se incluye al citado funcionario, aspecto que presenta a su entender carácter relevante y noticioso.

La defensa del director de Piensa Prensa fue realizada por los/as abogado/as; Mariela Santana (CODEPU) y el abogado Tomás Ramírez.

Sentencia corte de apelaciones

C.A. de Santiago
Santiago, nueve de octubre de dos mil veinte.
Vistos y teniendo presente:


– Que comparece don Claudio Crespo Guzmán, empleado
público, domiciliado en ———————–, comuna de Macul,
Región Metropolitana, e interpone recurso de protección en contra de
don —————————————-, como director del
sitio web piensaprensa.cl, con domicilio _______________________; por las publicaciones de una serie de “twitts” en redes sociales y que estima conculcan sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 1° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.


Indica que el día 8 de abril de 2020, desempeñándose como funcionario de Carabineros en el Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, tomó conocimiento, a través de la red social Twitter, de una serie de publicaciones en su contra realizadas por la “PIENSA PRENSA 208,7 MIL SEGUIDORES, (@PiensaPrensa)”.Reseña una publicación alusiva a que se le habría identificado como el “Carabinero que le disparó a Gustavo Gatica”, generando esto una serie de comentarios de usuarios de Twitter.


A continuación, señala, una serie de publicaciones que habría
realizado en Twitter el primero de los medios señalados, entre los
días 7 y 8 de abril de 2020, tendientes a cuestionar un informe de
Carabineros de Chile, y que afirman que la Institución de Carabineros
estaría ocultando información acerca de los hechos, además de
cuestionar la credibilidad o contenido del informe institucional, junto con dar a conocer el nombre del Sr. Fiscal a cargo de dicha
investigación en sede administrativa.

Atribuye a estas publicaciones el efecto de generar una gran cantidad de comentarios por los usuarios de la referida red social, animando a la comunidad virtual a publicar información particular de su persona, como domicilio, colegio de sus hijos, familiares y amigos, además de solicitar
encarecidamente que “lo encargaran” (SIC), todo ello junto a
innumerables insultos, incitaciones a atentar contra su integridad
física y psicológica.


Señala luego, que los hechos descritos además de ser demostrativos de un atentado contra su integridad física y psicológica, no teniendo otra intención que intentar amedrentarlo para que se inhiba de realizar sus funciones profesionales como guardador del orden y seguridad públicos.


Indica que los llamados a publicar información relativa a su
persona, tuvieron también como efecto que de alguna manera se
filtrara una fotografía suya, que solo constaba en la carpeta
institucional virtual de Carabineros, junto a su número personal, a
partir de lo cual habría comenzado a recibir una serie de mensajes
insultantes y amenazadores, lo que, a su vez, redundó en un fundado
temor en su familia a verse expuesta a daños en su integridad.


Asegura que los actos que denuncia afectan directamente su honra,
por cuanto al desarrollar labores públicas, condicionan o predisponen
al resto de la sociedad a prejuzgar sus acciones como funcionario
público, lesionando gravemente su dignidad, y colocándolo, junto a su
familia, en un inminente riesgo de ser objeto de ataques en contra de
su vida e integridad física, como también de afectación a su derecho
a la intimidad y vida privada. Pretende ilustrar todo lo antes expuesto con capturas de pantalla que consigna en el mismo libelo pretensor.


Previas citas de preceptos legales, constitucionales y de tratados internacionales, además de jurisprudencia que invoca, termina solicitando que se acoja la presente acción de protección de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1° y 4° de la Carta Fundamental, cuya afectación denuncia, disponiéndose en virtud de ello que se elimine de la red social Twitter y de cualquiera otra, toda aseveración o alusión en su contra que diga relación con los hechos antes mencionados, y que, asimismo, se ordene a los recurridos que se abstengan de realizar publicaciones en su contra, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, o bien que esta Corte disponga las medidas que estime pertinentes, todo ello con costas.


-Que informando don ———————————————-, Director
del Sitio piensaprensa, solicita el rechazo del recurso por cuanto no
ha incurrido en ningún acto arbitrario ni menos ilegal. Reconoce la
efectividad de las publicaciones que le atribuye el recurrente
efectuadas entre los días 7 y 8 de abril del presente año, cuyo tenor
transcribe, las cuales, a su juicio, no contienen amenazas, como
tampoco incitación a la comisión de delitos, carecen de ánimo
difamatorio o injurioso, sólo se limitan a ofrecer información veraz,
obtenida mediante el ejercicio de la labor periodística e informativa,
relativa a hechos de relevancia pública que dicen relación con la
actuación de organismos del Estado y de sus funcionarios.


Precisa que lo anterior obedece a la línea editorial del medio
que dirige, asociada a la cobertura de distintas movilizaciones sociales y actos de protesta, lo cual se ha visto acentuado a partir de los hechos posteriores al día 18 de octubre de 2019.


Enfatiza que las publicaciones objeto del recurso tienen como
sustento una investigación periodística con fuentes veraces, que no
puede revelar, labor que también se ha emprendido por otros medios
de comunicación que señala. Asegura que ninguna de las publicaciones realizadas incluye, como se acusa por el recurrente, insultos o incitación a escupir o atentar contra su integridad física y psicológica. Agrega que tampoco se ha procedido a la divulgación de datos personales que afecten su privacidad, como sería, por ejemplo, su número de teléfono.
Manifiesta que las propias capturas de pantalla que adjunta el
actor, permiten distinguir entre las publicaciones efectuadas por el
medio que dirige y los comentarios realizados por los lectores, siendo
estas últimas actuaciones aquellas cuyo tenor y contenido se
cuestiona por el presente arbitrio de protección.


Refiere que Carabineros de Chile realizó una investigación interna respecto de los hechos ocurridos el 8 de noviembre del año 2019, para identificar a los funcionarios que utilizaron escopetas antidisturbios, para identificar a los funcionarios responsables de los disparos que causaron heridas a los manifestantes y causaron las lesiones a don Gustavo Gatica.

Agrega que, debido a la relevancia pública del caso, y la falta de transparencia de la Institución policial, para aclarar lo ocurrido a la opinión pública, distintos medios de comunicación, realizaron un seguimiento del caso, recopilando información a través de sus fuentes informativas tratando de esta forma de acceder a la información del caso. Continúa explicando, que su representada, al igual que otros medios de comunicación, logró acceder a través de fuentes informativas de carácter reservado, a documentos que forman parte de la investigación de Carabineros; procediendo a contrastar el contenido de dichos documentos con información de la que disponían a través de sus registros
audiovisuales y, de la información facilitada por sus fuentes; es así
como de la revisión de sus registros audiovisuales realizados el 8 de
noviembre del año 2019, identificaron a un funcionario de
Carabineros, el teniente don Claudio Crespo
, portando escopeta
antidisturbios, sin embargo en el informe de la Institución policial, al
que hace referencia el periódico La Tercera, no se incluye al citado
funcionario, aspecto que presenta a su entender carácter relevante y
noticioso.

Sostiene que las publicaciones realizada por su parte, solamente se limitan a ofrecer información veraz, obtenida mediante ejercicio de la labor periodística e informativa, relativa a hechos de relevancia pública que se relacionan con la actuación de instituciones del Estado y de sus funcionarios.


Indica luego, que como editor periodístico de un medio de comunicación electrónico que legítimamente se publica en una plataforma “on line”, desarrolla una actividad lícita, amparada por las garantías constitucionales contempladas en los numerales 21 y 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, así como por lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


Previas citas de preceptos legales, constitucionales y de tratados internacionales, además de jurisprudencia que invoca, termina solicitando que se rechace en todas sus partes, con costas, la acción de protección promovida en su contra.



-Que, la Constitución Política de la República, consagra la
libertad de informar en el numeral 12° del artículo 19, sin censura
previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de
responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de
estas libertades.

– Que, “el derecho a la libertad de información constituye la facultad de toda persona para ser informada, recibir y transmitir, sin censura previa (con excepción de la protección de los menores y adolescentes), de cualquier forma y por cualquier medio respecto de hechos, datos o acontecimientos organizados que describen y se relacionan con una situación u objeto determinado, dentro de un contexto y cultura determinada, pudiendo interpretarla y comentarla, siendo tal comunicación veraz y versando sobre acontecimientos de relevancia pública, ya sea, por su contenido o por las personas que en ella participan, respetando los ámbitos de privacidad de las personas que no dañan a terceros o que no inciden en ámbitos de
relevancia pública o afecten el bien común, contribuyendo a la
formación de una opinión pública libre y el discernimiento crítico de la
ciudadanía en una sociedad democrática.

Claudio Crespo disparando en 90 grados , Plaza de la dignidad.

Tal derecho incluye la facultad instrumental de crear, desarrollar y mantener medios de comunicación de acuerdo con las regulaciones que determina la Constitución y las leyes. Fuera de dicho ámbito, como es el de los relatos de hechos o acontecimientos falsos o rumores, la falta de
adecuada contrastación o actuación de mala fe en la transmisión de
información o involucramiento de ámbitos de la vida privada de las
personas en ámbitos que no dañan a terceros o que no afecten el orden público y no tienen trascendencia pública, no corresponden al ejercicio de un derecho, están al margen del ordenamiento jurídico y la sociedad puede formular el reproche social que considere adecuado”. (Pauta para superar las tensiones entre Derechos a la Libertad de Opinión e Información y los Derechos a la Honra y Vida Privada”, Humberto Nogueira Alcalá)

– Que del claro tenor de las publicaciones acompañadas a estos antecedentes, se advierte que se trata de la revelación de un hecho de trascendencia pública, como fue el disparo en un ojo de, don Gustavo Gatica, que le provocara su ceguera, hecho ocurrido el día 8 de noviembre del año recién pasado, mientras este participaba en manifestaciones en la vía pública en lo que se ha denominado “estallido social”, mientras Carabineros entre los que se encontraba el actor, manipulaban sus armas de servicio a fin de disuadir a los manifestantes. De forma tal, no es posible advertir ofensas, amenazas, insultos e improperios contenidos en las señaladas publicaciones efectuadas por los recurridos.


En consecuencia, en estas circunstancias, los medios recurridos, procedieron, al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 19.733 sobre “Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo”, a informar en su momento sobre hechos veraces basados en antecedentes de interés público, referencias que sólo dan cuenta que la labor periodística se ajustó a la realidad de lo ocurrido, con estricto apego a las normas que los rigen.


-Que, sin perjuicio de lo señalado, cabe hacer notar, como se informó por el señor abogado en estrados ante esta Corte, que el Sr. Crespo, se encuentra formalizado y en prisión preventiva por estos mismos hechos.

Claudio Crespo detenido por funcionarios de la PDI


-Que, por último, ha de señalarse que el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra y vida privada de las personas, casi de manera exclusiva a través de la persecución de responsabilidades ex post (con el establecimiento de sanciones en la Ley de Prensa o tipos penales específicos), renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa. Incluso más, el Tribunal Constitucional ha sostenido que, bajo determinadas circunstancias, la libertad de expresión puede constituirse como causal de justificación de imputaciones que puedan afectar el honor y
la honra (Rol 1463-2015, Rol N° 2071-2010).


-Que, de lo expuesto se colige que el actuar de los recurridos que se cuestiona en el recurso, se ha ajustado a la normativa vigente, por lo que no cabe formular reproche de ilegalidad a su respecto; como tampoco las publicaciones realizadas por estos obedecen al mero capricho o antojo de estos, por lo que la acción constitucional de protección será desestimada.


Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por don Claudio Crespo Guzmán.
Regístrese y archívese en su oportunidad.


Redacción de la Ministra Sra. Book.
N° Protección 37.922-2020.
Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de
Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Adelita
Ravanales Arriagada, conformada por la Ministra señora Jenny Book
Reyes y la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero, quien no firma
por ausencia.