Detenciones ilegales: ¿El regreso de las viejas prácticas? (Parte 2)

por Mauricio Castro/Periodista /Piensa Prensa.

El actuar de Carabineros y su constante vulneración a los derechos fundamentales de las personas no solamente requiere una revisión por parte de las autoridades y organismos de DDHH, sino la opción real de la refundación de una institución que perdió el rumbo y que está lejos de ser “del débil el protector”

A principios del mes de septiembre un joven protestaba pacíficamente contra el proyecto Troncal Norte que amenaza con terminar con el bosque nativo de la zona cercana a la ciudad de Quilpué. La manifestación del integrante del colectivo Valencia Nativo se produjo en momentos que la ministra de Transporte, Gloria Hutt, se encontraba inaugurando una estación del tren regional. El resultado: la brutal intervención de Carabineros para tratar de detener al solitario manifestante.

Testigos del incidente señalaron que los efectivos policiales se justificaban diciendo que se lo llevaban detenido para realizar su control de identidad en la comisaría. “Si esta persona no cuenta con los medios para dar a conocer su identidad, acreditar su nombre y su RUT puede ser trasladado a un recinto policial, siempre y cuando el carabinero no tenga los medios tecnológicos para hacer el control de identidad en el lugar“, explicó la abogada Paula Arriagada.

Durante la inauguración de Estación Valencia en Quilpué, Joven Ambientalista que solo portaba 1 cartel de apoyo a bosque Nativo

A juicio de la profesional especialista en temas de derechos humanos, “es totalmente inaceptable todas las ilegalidades que comete Carabineros en los minutos que dura el video, y en la situación y circunstancia en que se encuentra el joven. Es grave porque esta situación se está naturalizando. Se está normalizando este actuar totalmente ilegal. Puedes gritar lo que quieras en la calle y nadie te puede decir absolutamente nada”. Por suerte esta situación fue grabada por los vecinos, pero ¿cuántas más se repetirán en estos momentos en el país en la más absoluta impunidad?.

“Aquí nadie pretende que la fuerza policial no ejerza su rol. El estado, y parte de su definición, lo constituyen como el uso legítimo de la fuerza. El problema es cuando en el ejercicio de dicha fuerza la policía y los órganos represivos terminan transformándose en sinónimo de represión política a la comunidad”, señaló la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien se refirió al tema en conversación con Piensa Prensa.

La parlamentaria agregó que “las detenciones ilegales son una práctica de estados totalitarios y regímenes autoritarios. Lo que está jaque, además de la evidente vulneración de derechos fundamentales, es la concepción misma del estado de derecho. Esto tiene una gravedad tremenda porque sobrepasa las situaciones particulares y se transforma en un conflicto de régimen político en el país”. 

Lo preocupante es que en medio de una crisis social y sanitaria como la que está viviendo Chile esto se normalice y la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos sean vulnerados día a día. “Veo con mucha preocupación que esto continúe avanzando hacia allá”, explicó la diputada que aprovechó de informar que se están usando todas las herramientas que les permite la ley para que los responsables de estos atropellos entreguen las explicaciones y se terminen estos actos propios de una dictadura.

“Estamos con unas querellas en tribunales penales contra toda la línea de mando del Ministerio del Interior, incluido el presidente de la República y el Director General de Carabineros. Además, existen procesos de determinación de responsabilidades políticas, por ejemplo, de ex ministros del Interior. El trabajo del INDH ha sido exhaustivo en esa materia y han sido permanentemente revisadas las atribuciones que Carabineros y las Fuerzas Armadas – en contextos de estados de excepción – han tomado desde el 18 de octubre en adelante”, indicó Catalina Pérez.

Otro factor de preocupación es la disposición del gobierno de respaldar el accionar de Carabineros desde octubre del año pasado a la fecha. La falta de criterio para reconocer cuáles son delitos y cuáles solamente faltas ha terminado por vulnerar totalmente los derechos de las personas que se manifiestan de manera pacífica en las calles del país. “Han apostado por fortalecer estas atribuciones. Recordemos el esfuerzo que el gobierno está haciendo para sacar luego la Ley de Inteligencia”, señaló la parlamentaria de Revolución Democrática.

El poco sentido común de Carabineros

Ante el poco criterio y el evidente nulo conocimiento de los mismos carabineros sobre los derechos de cada persona no queda más que informarse y educarse respecto al tema para que en caso de ser víctima de alguno de estos abusos sepamos qué es lo que debemos hacer. “La policía solamente te puede detener en dos circunstancias: siempre que exista una orden judicial, para lo cual deben exhibirla, o si se está cometiendo un delito flagrante. Y no se necesita ser abogado para ponderar cuando se está o no en presencia de un delito”, indicó la diputada Catalina Pérez.

“Carabineros está interpretando cualquier cosa como delito flagrante en desórdenes públicos. Gritar una consigna, un insulto, levantar un lienzo o lo que sea, no es constitutivo de desórdenes públicos. Y esto luego lo reafirman los tribunales que declaran ilegales este tipo de detenciones porque no tienen una justificación racional. Este tipo de prácticas, que lamentablemente se están volviendo bastante habituales, son muy complejas de evitar”, agregó la parlamentaria.

La mayor preocupación de la diputada es que mientras no se logre refundar desde los cimientos la institución de Carabineros, este tipo de prácticas se seguirán repitiendo a lo largo del país. “Lo que queda es que la ciudadanía se informe, que ejerza sus derechos. Que el control ciudadano se vuelva cada vez más necesario en defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas. El control comunitario que podamos ejercer y la denuncia de este tipo de situaciones es fundamental”, explicó.

El factor Rozas, la piedra de tope en materia de DDHH

Cada día se evidencia más la disparidad de criterios de Carabineros para actuar sobre hechos que son iguales, y en los que solamente cambian los protagonistas. Caravanas del “rechazo” escoltadas por carros policiales en el sector oriente de Santiago son absolutamente opuestas a la represión que viven quienes se manifiestan por la opción del “apruebo”. La falta de criterio evidente no hace más que pensar que la orden es clara: proteger a unos y reprimir a otros, aunque su postura política se haga evidente.

“Hoy día, sin duda, la policía tiene una práctica permanente de persecución política a los manifestantes. Carabineros se transformó en una policía política y un brazo, no del estado, sino que del gobierno contra sus detractores. Me acuerdo del general Rozas permanentemente agradeciendo el respaldo del gobierno. El punto es que aquí, además de la salida un un Director General que tiene evidentes responsabilidades en la violación sistémica de los derechos humanos en el país, existe la necesidad de generar propuestas para la refundación de Carabineros”, aseguró Catalina Pérez.

A propósito del estallido social, y luego que Carabineros perdiera completamente la legitimidad con todas las brutalidades que han cometido desde octubre a la fecha, se han presentado proyectos para tratar de rescatar a la institución y acercarla a lo que realmente se necesita y no que sea la policía política de un gobierno represivo. “Creo que es necesario también avanzar en un proyecto de ley para que el Director General de Carabineros pueda ser acusado constitucionalmente, entendiendo que su falta a la Constitución y las leyes constituye un peligro de vulneración grave permanente de los derechos humanos de los ciudadanos”, concluyó la parlamentaria.