Valores morales y decisión judicial: el Caso Antonia Barra

por Carlos Montecinos
Investigador.

Ante la decisión del Juez de garantía del “Caso Antonia Barra” de decretar las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas en contra Martín Pradenas (inmediatamente apelada con resultado de prisión preventiva), muchxs se preguntan sobre los criterios a partir de los cuáles lxs juezas y
jueces toman este tipo de medidas. Ante el razonamiento del Juez de que “la medida cautelar no puede ser una especie de condena anticipada” (por lo que la prisión preventiva excedería esta instancia judicial) cabe preguntarse por qué un imputado, a pesar de haberse acreditado la acusación de violación en su contra, no es “un peligro para la seguridad de la sociedad” como si lo es un profesor que rompe un torniquete del metro (o una machi de 60 años, enferma).


Mientras en redes sociales explota la sentencia “el patriarcado es un Juez”, hay quienes manifiestan con total descaro que la ley es igual para todxs, que lxs magistradxs son imparciales, que no hay sesgos en sus dictámenes, y que por lo tanto hay que dejar que “la justicia haga lo suyo” (el ex senador Carlos Larraín y su hijo Martín son férreos defensores de estas ideas).


Ante este antagonismo interpretativo respecto al proceder judicial (las normas y/o su aplicación son imparciales vs las normas y/o su aplicación reflejan sesgos) surge una pregunta en apariencia simple: ¿cuándo cabe decir que una decisión judicial es correcta? En palabras de Nosetto “la respuesta más extendida sostiene que la sentencia de un juez se considera correcta si resulta legal, es decir, si se atiene a la aplicación de la ley, del derecho positivo vigente. Este criterio de legalidad determina la corrección de la decisión, de modo tal que una sentencia correcta es aquella en la que el juez se limita a ser una máquina de subsumir o un autómata de la ley”. El problema con esta respuesta es que nos enfrenta a una nueva interrogante: ¿Podemos estar seguros de que lxs jueces serán efectivamente
“autómatas de la ley, abstraídos de valores personales e impermeables al contexto social en el cuál viven?


Frente a la duda respecto a la capacidad de lxs jueces para actuar en conformidad, y nada más que en conformidad a las leyes (es decir, sacar a la luz lo que no se ve a simple vista), se nos afirma que estxs poseen una serie de herramientas hermenéuticas (operaciones lógicas que no vale la pena detallar acá) que les permiten capturar aquello que la ley dice según el caso examinado. Y si bien es posible que a veces no logren dar con el espíritu de la norma de manera adecuada (equivocarán el razonamiento jurídico, jamás será por motivos de parcialidad), las distintas instancias judiciales (los controles internos) corregirán estos dictámenes, esta vez dando sí o sí, con la correcta aplicación normativa.


Esa confianza en la capacidad de un conjunto de jueces para interpretar, y por lo tanto aplicar, una norma abstrayéndose de cualquier influjo externo a la norma en sí, se fundamenta en uno de los ideales más extendidos en las sociedades contemporáneas (reflejado de manera arquetípica en la ciencia moderna), esto es, la capacidad de los individuos para posicionarse a voluntad por fuera de todo influjo sensorial: ego cogito, ergo sum. Pura mente, nada de cuerpo. Pura razón, nada de valoración. Esta capacidad para observar desde un lugar neutral es lo que les permite a nuestrxs administradorxs judiciales no caer en el contrabando de juicios moralizantes y subjetivos a la hora de impartir justicia. Podemos observar entonces como la ciencia jurídica moderna contrapone norma a valores
personales e imperio de la ley a arbitrariedad decisional.


Lo que esta forma de entender los preceptos jurídicos y las sentencias judiciales oculta es que en última instancia, tanto las leyes como su aplicación, son inseparables de la adscripción a un conjunto de valores contingentes e históricos. Si partimos de la base de que nuestro ordenamiento jurídico no es una duplicación de leyes trascendentes (ya sea que emanen de Dios o de la naturaleza de las cosas) sino que es el producto de decisiones políticas tomadas por personas con valores éticos y morales, veremos que las sentencias, los fallos, las sanciones judiciales, etc, no pueden sino responder también a juicios de valores personales, enmarcados en estructuras sociales y culturales históricas y contingentes, imposible de ser separados, al menos en su totalidad, de las decisiones
judiciales, a pesar de las muchas herramientas interpretativas que estos jueces posean.


Volviendo al dictamen del Juez de garantía de Temuco, Si bien es cierto que el juez debió fundamentar su decisión en criterios de legalidad verosímiles a los ojos de la institución judicial, también lo es que el criterio empleado depende enteramente de su juicio personal, teniendo en sus facultades márgenes de interpretación bastante amplios, tan amplios que si
hubiese decretado prisión preventiva para Martín Pradenas (como de hecho pasó), al interior de la institución judicial la reacción hubiese sido la misma: ninguna, o al menos nada excepcional. El Juez seguirá siéndolo y la medida, incluso siendo apelada y revertida, habrá sido conforme a derecho. Acá nada ha pasado.

La decisión judicial no “es un operación automática de subsunción del caso particular al precepto legal”. La aplicación de la ley es un campo de superposición de opiniones personales y juicios de valor dentro de los márgenes que la interpretación del marco normativo habilita, y que los dispositivos judiciales exigen. En Chile el patriarcado es un
Juez e interpreta las normas de acuerdo a esto.