Ley de Inteligencia: ¿Persecución política a los movimientos sociales?

por Mauricio Castro

Es sabido el actuar de Carabineros y las Fuerzas Armadas durante el estallido social que comenzó en octubre del año pasado. Los atropellos a los derechos humanos, la violencia desatada de los efectivos policiales contra los manifestantes y la actitud represiva de la Intendencia Metropolitana fueron cada vez más evidentes con el pasar de los meses.

Con la pandemia se puso un paréntesis a esta situación, pero es sabido que el Gobierno está aprovechando la contingencia del Covid-19 para implementar medidas que preparan acciones aún más represivas en caso de presentarse nuevas manifestaciones. Una de las más peligrosas es la “Ley de Inteligencia”.

Hace algunas semanas, el diputado PPD Raúl Soto, aseguró que este proyecto atenta “contra nuestros valores democráticos. Desvirtúa el concepto de orden público interno y criminaliza a los movimientos sociales. Además dota de exageradas atribuciones a la ANI y no contempla un mecanismo efectivo de control hacia las actuaciones de inteligencia que se realicen”.

Ante esta evidencia, diversas organizaciones sociales hicieron un llamado al rechazo de la ley de inteligencia ya que se podría usar para una persecución política de los movimientos sociales en Chile. Fueron más de 460 firmas entre organismos tan diversos como la FECH, MODATIMA, Coordinadora NO+AFP, UKAMAU, Colegio de Profesores y la ANEF. Además, manifestaron su absoluto desacuerdo con la censura a la presidencia de la comisión de Defensa del diputado Jorge Brito.

Lo que las organizaciones manifestaron es que “la censura sólo busca enlodar la labor que actualmente se ha realizado en conjunto con la oposición en la tramitación del proyecto en cuestión, intentando por secretaría doblegar la justificada crítica, en el sentido de entregar poder excesivo al Presidente de la República en materias de inteligencia y la posibilidad de que se criminalice y persiga a la dirigencia social que se moviliza a lo largo de todo el territorio en defensa de sus comunidades”. 

La preocupación es la siguiente. Se otorga la posibilidad de que la ANI cuente con ‘agentes’ a objeto de poder introducirse en “organizaciones sospechosas de actividades criminales”. Éstos podrían ser oficiales activos de las Fuerzas Armadas y de Orden, en la figura de comisión de servicio. El comunicado indicó que “se estaría otorgando a un servicio dirigido en última instancia por el Presidente de la República para que pueda disponer de agentes operativos, renunciando a hacer política y abocándose a labores propias de la policía y de las FFAA”. 

Las organizaciones manifestaron además que “esto configura un posible escenario de riesgo en el cual el sistema de inteligencia nacional se aboque a una persecución política de personas dentro del Estado de Chile. Esta preocupación no es alejada de la realidad si se analizan los discursos e iniciativas del Presidente Piñera y del Ministro Espina, en especial desde el 18 de octubre a la fecha así como las reiteradas violaciones a los DDHH ocurridas en este período”.

“Es importante resaltar nuestra gran preocupación por la democracia de nuestro país, ya que hemos sido testigos del accionar de este gobierno durante el estallido social en materia de DDHH, llegando incluso a ser foco de atención de organismos internacionales y también de cómo las últimas acciones y anuncios del Presidente  Sebastián Piñera han avanzado en una línea totalmente contraria, incluso llegando a promover intervenciones en otros poderes del Estado como lo es el poder legislativo”, concluyó el comunicado.