DDHH: CARAVANA DE LA MUERTE:

CORTE DE SANTIAGO CONDENA A MILITARES (R) POR 26 HOMICIDIOS CALIFICADOS EN CALAMA.

En su paso por la ciudad de Calama militares trasladaron hacia el desierto a 26 personas que ya habían sido sentenciadas por un consejo de guerra, ninguna de ellas condenada a muerte. Sin embargo, en un improvisado paredón, a un costado de la carretera que une Calama con San Pedro de Atacama, fueron fusilados, en cuatro grupos.

En fallo unánime, Sexta Sala del tribunal de alzada condenó, entre otros, a Pedro Espinoza Bravo y Juan Chiminelli Fullerton a la pena única de presidio perpetuo, en calidad de autores de los homicidios perpetrados en Calama el 19 de octubre de 1973.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho miembros del Ejército en retiro, por su responsabilidad del delito de homicidio calificado de 26 víctimas que fueron fusiladas por la denominada Caravana de la Muerte en su paso por Calama, el 19 de octubre de 1973.

En fallo unánime la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Paola Plaza, Maritza Villadangos y Guillermo de la Barra– condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminelli Fullerton a la pena única de presidio perpetuo, en calidad de autores de los homicidios de: Mario Argüelles Toro, Carlos Alfredo Escobedo Cariz, Luis Alberto Hernández Neira, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Fernando Roberto Ramírez Sánchez, Alejandro Rodríguez Rodríguez, José Gregorio Saavedra González, Jorge Jerónimo Campachay Choque, Luis Alberto Gaona Ochoa, José Rolando Hoyos Salazar, Roberto Segundo Rojas Alcayaga, Carlos Berger Guralnik, Bernardino Cayo Cayo, Daniel Jacinto Garrido Muñoz, Domingo Mamani López, Jorge Rubén Yueng Rojas, Manuel Segundo Hidalgo Rivas, Luis Moreno Villarroel, Sergio Moisés Ramírez Espinoza, Víctor Alfredo Ortega Cuevas, Rosario Aguid Muñoz Castillo, Haroldo Cabrera Abarzúa, David Ernesto Miranda Luna, Rafael Pineda Ibacache, Carlos Alfonso Piñero Lucero y Milton Alfredo Muñoz Muñoz. Ilícitos perpetrados en Calama el 19 de octubre de 1973.

En tanto, los exmilitares Carlos George Max Langer von Furstenberg, Hernán Rómulo Núñez y Víctor Ramón Santander Véliz deberán cumplir la pena de 15 años y un día de presidio, como autores del delito reiterado de homicidio calificado; y Óscar Figueroa Martínez deberá purgar 16 años de presidio.

En el caso de Emilio Robert de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco Gallardo deberán cumplir 12 años de presidio, como cómplices de los delitos.Finalmente, se confirmó la absolución de Álvaro Romero Reyes.

“Que siendo la sentencia definitiva la instancia para efectuar el proceso de subsunción de los hechos demostrados a la figura típica correspondiente, concluida la fase del plenario, esta Corte estima que aquellos descritos en el motivo Segundo del fallo que se revisa son constitutivos únicamente de delitos de homicidio calificado, reiterados, cometidos el 19 de octubre de 1973, ilícito previsto en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, con la concurrencia de las circunstancias 1ª y 5ª del citado precepto, esto es, cometidos con alevosía y premeditación conocida”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “En relación a la primera, adicionalmente a lo que sostiene el fallo, se obró sobre seguro, tanto por encontrarse los prisioneros amarrados y vendados cuanto porque sus captores portaban armas de fuego automáticas, todo lo cual tenía por fin asegurar la ejecución de los delitos y eliminar el riesgo para los hechores proveniente de la defensa que pudieren oponer las víctimas. La segunda, por haberse planificado previamente la acción que culminó con la muerte de los ofendidos, lo que revela el propósito de cometer el delito adoptado con ánimo frío y tranquilo y que persistió en el espíritu de los enjuiciados desde el momento en que se tomó la decisión hasta el instante de ejecución del hecho delictivo”.

“En relación a esta calificación –continúa–, cabe añadir además que de los antecedentes que arroja la causa es indesmentible que a todas las víctimas se dio muerte, mediante fusilamiento, en una misma oportunidad, en el sector de Topater de la ciudad de Calama, y si bien no ha sido posible, hasta la fecha, dar con los restos de Haroldo Cabrera Abarzúa, David Ernesto Miranda Luna y Rafael Pineda Ibacache, se debe exclusivamente a las ignominiosas acciones posteriores a quitarles la vida, con el fin de tratar de borrar todo vestigio de su existencia, a través de las exhumaciones de sus cuerpos -al menos en dos oportunidades- y, por último, al lanzar sus osamentas al mar, de manera que estas tres personas también fueron víctimas de homicidio”.

“Ratifica esta conclusión los dichos de Victoria Saavedra Gonzalez, de fojas 2.964, 6.079, 12.477 y 13.025 vuelta, quien sostuvo haber oído del Capellán del Ejército Luis Jorquera y del Sub Oficial Jerónimo Rojo Rojo, que a los detenidos se les aplicó la Ley de la Fuga, dándoles muerte a todos ellos”.

Fueron 40 las personas asesinadas en Antofagasta y Calama por la tristemente conocida “Caravana de la Muerte”; grupo liderado por el general Sergio Arellano Stark y que por órdenes de la dictadura militar, asesinó a opositores durante los primeros días del régimen.

Apenas perpetrado el golpe de estado y asegurada la muerte del Presidente Salvador Allende, el dictador Augusto Pinochet designó al general Sergio Arellano Stark para realizar una macabra misión: aleccionar a los militares de provincia sobre como debían tratar a los ex dirigentes de la Unidad Popular.

El grupo de militares partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, a bordo de un helicóptero Puma del ejército, cuyo recorrido inicial fueron ciudades del sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas muertas. El regreso de la caravana a Santiago fue el 6 de octubre.

En el norte de Chile la misión partió el 16 de octubre de 1973, recorriendo las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica. El saldo de muertos fue de 71 personas. El regreso definitivo a Santiago tuvo lugar el 22 de octubre de ese año.

Los asesinos actuaron desprovistos de toda humanidad, ciegos por la ideología de ultraderecha anticomunista. En varias ocasiones hirieron a los detenidos con corvos antes de fusilarlos. Posteriormente las víctimas eran enterradas en tumbas sin inscripción.

Años más tarde, cuando se preguntó al ex general Joaquín Lagos Osorio -Comandante de la Primera División del Ejército y Jefe de Zona en Estado de Sitio en Antofagasta- por qué no se habían entregado los cuerpos de los ejecutados a sus familias, Lagos explicó que le avergonzaba se descubriera la barbarie con que oficiales asesinaron a los 14 prisioneros de Antofagasta.

Los restos de algunas de las personas asesinadas fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16 y medio de la ruta que une Calama con San Pedro de Atacama, sector donde actualmente se levanta un memorial.

Ver fallo (PDF)

A trece kilómetros al sureste de Calama, en el camino a San Pedro de Atacama, se ubica este memorial en homenaje a las 26 personas asesinadas por la Caravana de la Muerte

El memorial Consiste en una estructura de concreto sobre la cual se erigen 26 pilares del mismo material, unidos por una semicircunferencia de madera, frente a una gran cruz de fierro. Fue inaugurado el 19 de octubre de 2004 por las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos de Calama.

La Caravana de la Muerte es el nombre con que se conocen los asesinatos de 97 prisioneros políticos, en 16 ciudades de Chile. Comandada por el general Sergio Arellano Stark, esta comitiva salió de Santiago en un helicóptero Puma, con la orden directa de “acelerar los procesos” contra los presos políticos. En su paso por la ciudad de Calama trasladaron hacia el desierto a 26 personas que ya habían sido sentenciadas por un consejo de guerra, ninguna de ellas condenada a muerte. Sin embargo, en un improvisado paredón, a un costado de la carretera que une Calama con San Pedro de Atacama, fueron fusilados en cuatro grupos. El ejército no reconoció los crímenes, a pesar de que expendió los certificados de muerte a sus familiares. Jamás les entregaron los cuerpos. Recién en 1990, debido a la búsqueda incesante que los familiares habían comenzado por el desierto, hallaron restos humanos correspondientes a los fusilados por la Caravana de la Muerte.

El golpe de Estado de 1973 inauguró un período sin antecedentes en nuestro país. Habida cuenta de la organización popular en el seno de los partidos tradicionales de izquierda, al momento de derrocar al gobierno de la Unidad Popular, los militares de las tres ramas castrenses más las fuerzas de orden desataron una represión sistemática sobre estos sectores, caracterizada por la prisión política, la tortura, las ejecuciones y la desaparición de los cuerpos; todo esto en el marco de la doctrina de seguridad nacional con que la CIA educó a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos durante los años ’60, ’70 y ’80. Según los informes Rettig (1990) y Valech (2003 y 2010), entre los años 1973 y 1990 los agentes del Estado chileno asesinaron o hicieron desaparecer a más de 3 mil personas, y sometieron a prisión política y torturas a 40 mil. Si bien estas acciones fueron producto de una doctrina sistemática de las fuerzas armadas, hubo dos organismos legales encargados de la represión: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que operó entre 1973 y 1977, y la Central Nacional de Informaciones (CNI), vigente entre 1977 y 1990.

Por Daniel Pérez G. /director PiensaPrensa